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Nueva Educación en Mendoza: Los puntos clave del proyecto

La última Ley de Educación provincial es de 2002 y no preveía el desarrollo de la era digital. La DGE presentó un borrador para una nueva normativa que integre las nuevas tecnologías y dé autonomía a las escuelas.

25/9/2020

La educación mendocina se rige por dos leyes que cohabitan: la provincial, que comenzó a regir en 2002, y la nacional, que se sancionó en 2006. Algunos aspectos de la ley provincial ni siquiera fueron adecuados a la normativa nacional, que es más nueva.

Pero, más allá de eso, el arrasador avance de la tecnología es lo que hace imprescindible adecuar los lineamientos de la educación a las necesidades que los alumnos tienen en un mundo tan globalizado e integrado como es el de hoy.

Por eso, la DGE presentó un pre proyecto para adecuar el sistema educativo a estas necesidades que se pueden resumir en dos: la alfabetización digital y la evaluación permanente.

El borrador del proyecto en sí es un marco muy general de cómo se organiza el sistema educativo provincial en los distintos niveles y modalidades y por eso el Director General de Escuelas, José Thomas, organizó un Congreso para que se debata la nueva ley y se hagan las modificaciones y agregados que se consensúen.

José Thomas llamó a toda la comunidad a participar del Congreso

Los puntos principales

Autonomía escolar

El proyecto resalta que el sistema educativo será centralizado política y normativamente y descentralizado operativamente. Esto significa que cada escuela tiene autonomía para definir y actualizar su proyecto educativo, configurar su estilo de gestión y establecer vínculos con los municipios y organizaciones de la sociedad para su proyecto, dentro de los lineamientos básicos que plantée la ley.

Sistema de educación Digital (SED)

Busca integrar los procesos digitales de enseñanza y aprendizaje con los sistemas administrativos y operativos del sistema educativo. El objetivo es la alfabetización digital y el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Para ello, el texto reconoce que el Estado debe asegurar la igualdad de acceso a la educación digital «impulsando la mejora de la conectividad y el equipamiento necesario».

Incorpora la ESI

El proyecto, si bien incorpora la Educación Sexual Integral también destaca que «el ejercicio de enseñar respetará las libertades de los que se educan» y también que la educación debe ser «exenta de dogmatismos». Además, reconoce «el derecho de la familia a elegir el tipo de educación conforme con sus convicciones y preferencias».

Individualización del alumno

Se incorpora la Cédula Escolar Provincial (CEP) para «facilitar la individualización, inclusión y fiscalización gubernamental». Aclara que el objetivo es tener un registro digitalizado para una mayor articulación interinstitucional.

Redes sociales

La normativa especifica los derechos y obligaciones que tienen tanto los alumnos, como los padres y los docentes e introduce un punto referido al buen uso de las redes sociales, tanto para los alumnos como para los docentes y remarca que «en ningún caso se podrán publicar imágenes o videos en los que aparezca otro integrante de la comunidad educativa, salvo su expreso consentimiento. «Tampoco se podrán realizar comentarios racistas, discriminatorios o amenazantes hacia otro miembro de la comunidad educativa». A los docentes se los obliga a «hacer un uso responsable de sus redes sociales, conforme lo exige la profesión» y además, alerta que deben «comunicar ante la autoridad escolar cuando detecte que alguna persona o miembro de la comunidad educativa esté haciendo un uso inconveniente de las redes sociales».

Evaluación permanente

La normativa prevé diversos espacios de evaluación para poder corregir y modificar el sistema educativo a medida que se detectan las fallas, incluyendo la autoevaluación de las instituciones. En este sentido, prevé la creación de organismos de evaluación educativa por parte del Estado, así como evaluaciones bianuales del desempeño docente realizados por el Consejo Académico de las instituciones.

Consejo Administrativo y Consejo General

El proyecto prevé regular el Consejo Administrativo presidido por el director de la DGE y al menos 4 miembros representantes de los distintos partidos políticos designados con acuerdo del Senado, que trabajarán ad honorem. Tendrán que revisar el presupuesto de la DGE, licitaciones, convenios, etcétera.

En tanto que el Consejo General de Educación, tendrá funciones deliberativas y de asesoramiento y consulta. Estará compuesto por miembros de los partidos políticos, de los gremios de la educación, del sector académico, de los delegados regionales y un representante por cada nivel de educación, entre otros. Ambos funcionarán como organismos colegiados con rango constitucional.

Financiamiento

El proyecto prevé que el presupuesto educativo no podrá ser menor al 35% al presupuesto general de la provincia y no podrá ser inferior al del año anterior.

Además, prevé que las instituciones reciban aportes privados, aunque aclara que los fondos serán administrados por la DGE.


La Ley prevé que el presupuesto debe asegurar que las escuelas estén en condiciones para alumnos y docentes

Fuente: MendozaPost

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